La Universidad Nacional de Trujillo dispone en 2026 de S/ 21,615,254 dentro del rubro que agrupa canon, sobrecanon, regalías, renta de aduanas y participaciones. A septiembre había certificado más de S/ 11 millones y comprometido alrededor de S/ 9,1 millones, pero todavía no registraba recursos devengados ni girados, según información de la Consulta Amigable del MEF.
La Universidad Nacional de Trujillo (UNT) administra este año S/ 21,615,254 provenientes del rubro presupuestal que reúne canon, sobrecanon, regalías, renta de aduanas y participaciones, de acuerdo con información de la Consulta Amigable de Ejecución del Gasto del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), revisada al 1 de septiembre de 2026.
La cifra corresponde al Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de la universidad dentro de la fuente Recursos Determinados y equivale a aproximadamente S/ 21,62 millones disponibles presupuestalmente durante 2026.
El dato adquiere especial relevancia por otra cifra registrada en la consulta: pese a disponer de estos recursos y haber avanzado en las fases administrativas previas del gasto, la UNT aparecía con 0 % de ejecución financiera al momento de la revisión.
La universidad había certificado aproximadamente S/ 11,02 millones, equivalente al 51 % de su presupuesto, y tenía compromisos anuales por alrededor de S/ 9,12 millones, equivalentes al 42,2 %. Sin embargo, el registro mostraba S/ 0 devengado y S/ 0 girado.
Esto no significa necesariamente que la universidad no haya iniciado procedimientos para utilizar los recursos. La certificación y el compromiso muestran que existen recursos reservados y obligaciones presupuestales en proceso. Sin embargo, al 1 de septiembre todavía no aparecía gasto reconocido como devengado ni pagos girados dentro de este rubro.
La situación de la Universidad Nacional de Trujillo forma parte de un escenario nacional mucho mayor.
Las más de 60 universidades públicas peruanas administran conjuntamente durante 2026 cerca de S/ 900 millones provenientes de canon y sobrecanon, regalías, renta de aduanas y participaciones.
La disponibilidad de estos recursos está marcada por profundas diferencias territoriales, particularmente debido a la concentración de actividades extractivas en determinadas regiones.
La Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco (Unsaac) encabeza la relación con más de S/ 119 millones. Le sigue la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann, de Tacna, con S/ 111 millones.
Después aparecen la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, con S/ 65 millones; la Universidad Nacional del Santa, con S/ 63 millones; la Universidad Nacional de Arte Diego Quispe Tito, con S/ 54 millones; y la Universidad Nacional Intercultural de Quillabamba, con S/ 49 millones.
Frente a estos montos, los S/ 21,6 millones de la UNT constituyen una disponibilidad considerable, aunque distante de los presupuestos administrados por las universidades públicas de algunas de las principales regiones productoras.
¿En qué deberían convertirse estos millones?
El debate no termina en cuánto dinero recibe o administra una universidad.
Los recursos vinculados al canon pueden destinarse a generar mejores condiciones para la enseñanza, investigación y desarrollo universitario, mediante inversiones en infraestructura, laboratorios, equipamiento, tecnología y producción de conocimiento, dentro del marco normativo correspondiente.
Y allí aparece una cuestión fundamental: tener millones disponibles no significa automáticamente tener mejores laboratorios, mayor investigación o infraestructura universitaria terminada.
A nivel nacional, a menos de cuatro meses del cierre del ejercicio fiscal, las universidades habían invertido, en promedio, alrededor de la mitad de estos recursos.
Sin embargo, medir únicamente el porcentaje ejecutado puede ofrecer una fotografía incompleta.
Erick Chuquitapa Rojas, economista de la Red de Estudios para el Desarrollo (REDES) y especialista en análisis de políticas públicas, advierte que el verdadero indicador debería ser el resultado obtenido con esos recursos.
“Una evaluación completa debería ir más allá del porcentaje ejecutado y preguntarse si el laboratorio funciona, si los equipos realmente se utilizan, si existen investigadores y personal especializado y si esas inversiones terminan produciendo mejores condiciones para la formación, la investigación y la innovación”, sostiene.
Millones disponibles y brechas que persisten
La pregunta resulta particularmente pertinente para las universidades públicas: ¿por qué instituciones que reciben importantes recursos vinculados con actividades extractivas continúan presentando necesidades de infraestructura, equipamiento o investigación?
Chuquitapa explica que entre recibir dinero y convertirlo en un laboratorio operativo existe una extensa cadena administrativa y técnica.
Primero debe formularse una inversión. Luego pueden requerirse estudios y expedientes técnicos, procesos de contratación, ejecución de obras, adquisición de equipos y, finalmente, capacidad para poner en funcionamiento y mantener la infraestructura.
El especialista recordó que estudios sobre universidades regionales ya habían advertido que el incremento de los recursos del canon no necesariamente estuvo acompañado por un fortalecimiento equivalente de las capacidades institucionales para investigar y administrar esos fondos.
“Que una universidad tenga recursos disponibles y mantenga, al mismo tiempo, brechas de infraestructura o equipamiento no constituye una contradicción. El dinero es indispensable, pero por sí solo no cierra una brecha; también se requiere capacidad de planificación, gestión, ejecución y operación posterior”, explica.
Gastar todo tampoco garantiza gastar bien
La discusión tiene una segunda dimensión.
Una universidad con baja ejecución puede evidenciar problemas para transformar su presupuesto en proyectos concretos. Pero una institución que llegue al 90 % o 100 % tampoco demuestra automáticamente eficiencia o calidad.
“Alcanzar una ejecución de 90 % o 100 % no significa necesariamente que el gasto haya sido bueno”, advierte Chuquitapa.
El desafío consiste entonces en observar simultáneamente cuánto se ejecuta, en qué se ejecuta y qué resultados produce esa inversión.
Las diferencias entre universidades muestran precisamente esas distintas prioridades.
En la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, por ejemplo, los recursos se concentran principalmente en infraestructura, equipamiento de laboratorios y servicios de escuelas profesionales, mientras aproximadamente S/ 4 millones están destinados a investigaciones científicas.
En la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, en cambio, más de S/ 32 millones están destinados a investigación científica. La Universidad Nacional del Santa presenta una orientación semejante, con más de S/ 31 millones destinados a ese ámbito.
La pregunta pendiente para la UNT
En el caso de Trujillo, la información presupuestal abre una interrogante que va más allá de los S/ 21,6 millones.
La Universidad Nacional de Trujillo tiene recursos disponibles y, al 1 de septiembre, había certificado más de la mitad y comprometido alrededor del 42 % de ese presupuesto. Pero el devengado y el girado permanecían en cero.
El siguiente nivel de análisis deberá determinar qué proyectos, investigaciones, obras, laboratorios o adquisiciones están financiándose con esos S/ 21,6 millones, cuánto corresponde efectivamente a canon y regalías provenientes de actividades extractivas, qué parte procede de saldos acumulados y cuánto dinero nuevo recibió la universidad durante 2026.
Porque la discusión sobre el canon universitario no debería limitarse a comprobar cuánto dinero existe en una partida presupuestal.
La pregunta central es qué está obteniendo la comunidad universitaria a cambio.
Laboratorios funcionando, investigaciones concluidas, tecnología disponible para estudiantes, infraestructura adecuada y producción científica representan resultados mucho más relevantes que un porcentaje en una hoja presupuestal.
En una región donde la minería genera importantes recursos económicos, los S/ 21,6 millones administrados por la UNT colocan nuevamente sobre la mesa una cuestión de interés público: cómo convertir los recursos procedentes de las actividades extractivas en mejoras verificables para la universidad, sus estudiantes y la investigación que necesita La Libertad.
